Reflexiones sobre el impacto del COVID-19 en la cultura (5): por una nueva agenda de política cultural

Ante la emergencia y grave situación del sector cultural, hoy más que nunca, es imprescindible disponer de unas políticas gubernamentales valientes, con conocimiento de la realidad local, visión estratégica a corto, medio y largo plazo, y empatía hacia el conjunto de agentes implicados. Su principal misión debería ser:
  • acompañar unos profesionales y unas organizaciones en el umbral de la quiebra;
  • salvaguardar aquellas experiencias más frágiles y al mismo tiempo más relevantes para el paisaje cultural post-crisis;
  • apoyar aquellos proyectos o instituciones con mayor capacidad multiplicadora y sinérgica para el sistema cultural;
  • fortalecer los procesos de resiliencia de ciudadanos, entidades y profesionales.
¿Por qué estas políticas deben ser también valientes? Porqué es imprescindible priorizar, arriesgar sin miedo, y esto no gustará a aquellos agentes de sectores, formatos o actividades más convencionales o considerados no prioritarios. Tradicionalmente, la mayoría de gobiernos tienden a concentrar sus recursos en equipamientos y proyectos de titularidad governamental1 (aquellos que históricamente han acabado formando parte de su responsabilidad directa, sin que ello responda necesariamente a necesidades o demandas actuales). Y, en cuanto al apoyo a iniciativas de terceros, se opta preferentemente por la repartidora: pequeñas ayudas a un gran número de organizaciones. Distribuir unos recursos escasos entre un número elevado de proyectos no siempre tiene sentido. Lo tendría si fuera conveniente ampliar el tejido de agentes o estimular nuevas iniciativas culturales, pero este no es el caso en una crisis como la actual, y en general cuando se dan situaciones como:
  • la ayuda es tan pequeña que casi no compensa los gastos de administración de la misma (costes de gestión, tanto por parte de la propia administración como para los receptores);
  • se reproduce un ecosistema desequilibrado (reciben más los territorios y los subsectores con mayor iniciativa y más capacidad de presentar propuestas alineadas con los parámetros de las convocatorias) en lugar de ayudar preferentemente allí donde hay más déficits;
  • la actividad se hará de todos modos y no depende del apoyo gubernamental; es decir, cuando el dinero público no incentiva, sino que tan sólo conlleva un ingreso adicional.
En cuanto al grueso del presupuesto cultural público, este se centra en el personal y las actividades de los museos, medios de comunicación, bibliotecas, teatros o centros culturales de titularidad gubernamental. Muchos de ellos, pero desgraciadamente demasiado pocos, cumplen una misión redistribuidora fundamental a escala territorial o sectorial. Pues, la iniciativa privada lucrativa se focaliza en las grandes metrópolis o en la producción cultural de masas, abandonando las expresiones más locales (de mercado pequeño, no competitivo, pero que nos permiten ser quienes somos y reinventar nuestras raíces) o que requieren esfuerzos cognitivos mayores (fruto de procesos creativos o patrimoniales complejos y/o innovadores). Ahora bien, a menudo este papel supletorio no se hace con suficiente eficiencia, bien porque el perfil y dimensión del equipamiento no es adecuado para maximizar las sinergias o para sacar provecho de unos activos inmovilizados desproporcionados (museos sin casi personal y una museografía anticuada, teatros cerrados la mayoría de días del año y con un número de funciones bajísimo, bibliotecas que no pueden competir con la oferta digital disponible ...). Otras veces, porque priman otros objetivos, como unos medios de comunicación públicos o unas políticas de programación y de precios públicos al servicio de estrategias partidistas, clientelares.

Finalmente, porque no ha existido una política inteligente de incentivos, reciclaje y movilidad del personal a cargo; un recurso humano muy desaprovechado, dedicado demasiado a menudo a tareas administrativas y no al diseño de actividades y al incentivo de la actividad del tejido social. Cuando una política se deja en manos, prácticamente, del esfuerzo voluntarioso de unos pocos, no llega demasiado lejos. Y es una lástima porque pese a los recortes disponemos de infraestructuras y de profesionales potencialmente muy decentes. Y, adicionalmente, en países como España, su estabilidad laboral permitirá aguantar mejor el embate de la crisis. Sin embargo, hay que superar rigideces normativas en la tramitación administrativa ya que frenan una respuesta eficiente, cuestión sangrante en un momento particularmente grave como el actual.

Ahora bien, si miramos el grueso de las estrategias de política cultural, aquellas que se pueden leer en el detalle de los presupuestos públicos (¡olvidaos de los grandes discursos retóricos o de los fuegos artificiales de las promesas evanescentes!), no ha habido cambios sustanciales entre la primera y la segunda década del siglo XXI. ¿Cómo puede ser cuando tantas cosas han cambiado en dicho lapso de tiempo? La crisis de 2008 implicó una reducción brutal de los recursos disponibles, recursos que diez años después no se han recuperado (en España el gasto cultural del conjunto de administraciones públicas de 2017 –último año con datos liquidados disponibles- estaba todavía a un 72% del gasto de 2008). Pero los recortes no respondieron a una estrategia reflexionada, sino que se salvaron las actividades que tenían mayores costes políticos o contables, los proyectos más institucionalizados, con personal fijo o funcionario, o como mucho aquellos subsectores con mayor capacidad de movilización social. En paralelo crecieron muchas iniciativas y proyectos, particularmente flexibles, frágiles o intensivos en el tiempo -como por ejemplo los festivales -, actividades que ahora van a sufrir particularmente.

Por ello es fundamental que la nueva agenda de política cultural tenga una mirada estratégica. En este sentido, ¿quién?, ¿qué? y ¿cómo hay que priorizar ante una crisis inesperada, profunda y que nos ha cogido a todos desprevenidos? No es fácil responder a estas preguntas ya que no disponemos de suficiente información -a pesar del gran número de encuestas de urgencia realizadas durante el último mes y medio (desgraciadamente no todas metodológicamente correctas)- para hacer un diagnóstico preciso de la situación por territorios, sectores, formatos y tipologías de agentes. Lo que está claro es que no se deberían volver a repetir los errores de la gestión de la crisis de 2008, ya que algo deberíamos haber aprendido de la misma, y hoy el sector cultural llega más debilitado que en aquel momento.

Análisis crítico de las medidas gubernamentales implementadas hasta ahora
Las medidas que se han tomado hasta ahora para paliar los efectos de la crisis, como los préstamos avalados por el gobierno, la exención o retraso en los plazos de pago de algunos impuestos, los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo), así como algunas ayudas a fondo perdido o subvenciones extraordinarias, no sólo son insuficientes, sino que a menudo están mal adaptados a la realidad del sector cultural. De todos ellos, el que está siendo más efectivo (especialmente para las organizaciones de menos de 50 trabajadores) son los ERTE, pero habría que alargarlos pasado el estado de alarma porque en muchos casos no se les permitirá abrir en condiciones de rentabilidad hasta mucho más adelante; también para facilitar la reincorporación gradual de los trabajadores, pues la actividad económica y el consumo se recuperarán muy lentamente. En cambio, las ayudas directas son en la mayoría de casos de importes demasiado reducidos por los trámites burocráticos que implican.2 Ahora bien, en ambos casos, son medidas para detener el golpe inicial, no para encarar el regreso a la actividad, ni para prepararse para un futuro incierto.

En este sentido es interesante escuchar las demandas de los miembros del Consejo de cultura de Barcelona: "necesitamos un gran plan para el sector cultural, un plan que siente unas bases nuevas y sólidas para la vida cultural de la próxima década y que evite los errores del pasado"3. Y, junto a ello, piden medidas concretas: "incrementar las ayudas propuestas por las instituciones públicas, aportar liquidez a las empresas -más que préstamos, se necesitan fondos no reintegrables-, habilitar un mecanismo de apoyo a las empresas privadas y entidades semipúblicas, así como profesionales autónomos -un fondo de apoyo ad hoc disponible durante un periodo más o menos largo-, y finalmente agilizar los procesos administrativos para hacer frente a la urgencia de la situación". Este último requerimiento es muy importante ya que la administración a menudo está más centrada en evitar algún tramposo sin tener en cuenta el enorme desperdicio de recursos propios y ajenos que implica cumplir con unos procedimientos administrativos poco eficientes, que desgraciadamente tampoco evitan el fraude.

Otra cuestión que hay que analizar es el volumen y la eficacia de la ayuda financiera gubernamental, a corto, medio y largo plazo. En relación al volumen de la ayuda, este depende de la capacidad financiera de cada gobierno, ligado a su nivel de endeudamiento previo, la capacidad para poderse endeudar más (que depende de la confianza de los potenciales acreedores) y de las prioridades gubernamentales sobre qué sectores y agentes merecen recibir estas ayudas. En la mayoría de países latinoamericanos, la capacidad de endeudamiento es limitada y la cultura no es considerada una prioridad para los dirigentes políticos y económicos con poder real de decisión. Sin embargo, se observan diferencias enormes de sensibilidad y de estrategias entre los diferentes países (ver, por ejemplo, la recopilación realizado por la OEI con las iniciativas de los gobiernos iberoamericanos, la del Compendium de políticas culturales o de KEA a escala europea, o a nivel mundial los enlaces del estudio de On the move y CircoStrada, entre muchos otros).

En Europa tendremos una gran inyección de liquidez por parte del Banco Central Europeo, pero no sabemos todavía cómo se distribuirá por sectores, tipologías de agentes y en última instancia, niveles de gobierno. El cómo se haga marcará la eficiencia y la eficacia del paquete de medidas de apoyo a la cultura. En España la cultura no es una prioridad gubernamental, tal como la primera reacción del ministro del ramo dejó claro. Además, el análisis de la gestión de la crisis de 2008 no genera muchas esperanzas. La administración central acaparó la mayor parte de los recursos disponibles, ahogando las comunidades autónomas que tenían que hacer frente a los costos en sanidad y educación, y limitando la capacidad de gasto de los entes locales endeudados en las competencias esenciales (que solo muy parcialmente incluían cultura). Sin embargo, son estos últimos los que han liderado el gasto en cultura, incrementando en casi 10 puntos porcentuales su peso en el gasto cultural total de las administraciones públicas españolas (del 54,8% en 2008 al 64,2% de 2017). Así pues, si la liquidez alcanza los ayuntamientos hay una cierta esperanza de contar con recursos reales para reactivar el sector, tal como muy bien explican Ángel Mestres y Oriol Martí en un escrito reciente en el blog de Trànsit projectes al que nos invitan a no tener miedo. Ya que, si los recursos excepcionales puestos a disposición acaban fundamentalmente en manos de la administración central, su impacto en el tejido cultural será mucho más bajo y centrado principalmente en su sedes madrileñas o en las grandes empresas del sector4 (¡a no ser, vana esperanza, que se creara un programa de compras y encargos descentralizado de arte público, como el New Deal del presidente Roosevelt durante la Gran Depresión, tal como el Cultura/s de la Vanguardia deja sugerir!). Por lo que respecta a las comunidades autónomas, con la excepción vasca y navarra por su estatus fiscal especial, estarán tan endeudadas cubriendo el gasto sanitario, educativo y en servicios sociales que será difícil que incrementen sus presupuestos culturales. En Cataluña partimos de un presupuesto por habitante algo mayor (pues aporta el 24% del presupuesto cultural conjunto de las CCAA, con un peso demográfico del 16%) pero veremos si se puede mantener.

En cuanto al apoyo indirecto al tejido empresarial (avales, préstamos, rebajas fiscales ...), si el dinero se queda en las grandes empresas y no llegan a los pequeños operadores, estos últimos con menos recursos para aguantar la crisis acabarán desapareciendo, y con ellos la riqueza, diversidad y aroma local de las expresiones culturales. En cuanto a las familias, habrá que ver en qué proporción la liquidez llega a las clases populares (muy necesitadas, centradas en la subsistencia), a las clases medias (los principales consumidores culturales) o sólo nutre los bolsillos de los más ricos (que quizás aprovechen la abundancia de disponible para invertir en propiedades inmuebles y bienes culturales a precio de saldo).

Hacia un cambio de valores
Más allá de los recursos económicos, saber escuchar, acompañar y asesorar asertivamente son valores claves, especialmente importantes en momentos de incertidumbre como los actuales. Hay que hacerlo, sin embargo, con el máximo respeto, coraje y empatía posibles. El hecho de acompañar no debe ser incompatible con tomar decisiones difíciles, valientes, como por ejemplo priorizar los recursos hacia aquellas actividades más necesarias para asegurar una vida cultural plena una vez pasada la pandemia, o con más probabilidad de aguante. Ahora bien, a pesar de saber que muchas organizaciones y proyectos tendrán que cerrar, con efectos graves para la supervivencia económica de muchos profesionales, no se puede condenar de entrada a ninguno sin estudiar el diferente grado de resiliencia de cada organización. Y eso pasa por la proximidad; es decir, por el tan repetido pero escasamente aplicado principio de subsidiariedad. Cuando más cerca de un proyecto, de sus profesionales y de la comunidad de referencia, más fácil es estimar los potenciales y las necesidades, y así adaptar localmente el abanico de instrumentos políticos, financieros y de apoyo disponibles. Compartir información sobre estrategias e instrumentos a escala nacional e internacional es extremadamente útil, pero su adaptación debe ser regional y local. Uno de los grandes errores de la mentalidad tecnocrática – ¡tan presente desgraciadamente en la administración española! - es pensar que una terapia homogénea, tratar a todos por igual, conlleva eficacia y equidad.

Otra forma de acompañar es la información y la formación. Ambos instrumentos son claves para ayudar a los profesionales a tomar sus propias decisiones, compartiendo diagnóstico y posibles estrategias. Ahora bien, ¿estamos aprovechando suficientemente los momentos actuales de paro de las actividades para generar talleres de reflexión, formación e intercambio para que los profesionales diseñen sus estrategias para las inconstantes etapas que vienen? Por ejemplo, para diseñar espacios o actividades culturales COVID-Free que generen confianza a las audiencias y los trabajadores, o por un retorno financieramente y humana responsable y viable, entre otras posibles cuestiones. En este sentido, han aparecido diversas propuestas formativas interesantes,5 pero encontramos a faltar políticas públicas de apoyo más explícitas.

Otro aspecto relevante consistiría en acompañar con información y asesoramiento las oportunidades que ofrece el mercado internacional. A pesar de que la recesión económica es global, los países del Norte de Europa se recuperarán antes que los del Sur, tanto por el menor impacto inicial de la pandemia como por la mayor capacidad adquisitiva de sus audiencias y la generosidad de sus presupuestos culturales. En cambio, las perspectivas en Latinoamérica y en los países en desarrollo no son optimistas. Tampoco se espera mucho dinamismo por parte de los programas de cooperación cultural internacional, ni en la ayuda al desarrollo, dado el repliegue doméstico y la priorización hacia la crisis sanitaria y alimentaria.

Un aspecto que vale la pena subrayar es el trabajo que, sin apoyo público explícito, están realizando muchos proyectos culturales, desde espacios patrimoniales recogiendo los nuevos patrimonios generados por la crisis, hasta los artistas y gestores que con una gran imaginación crean nuevos productos y formatos para compartir sus expresiones culturales. También hay que destacar la labor de algunos equipos técnicos de la administración, que en sintonía con profesionales del sector y cooperando con redes de cooperación internacional, elaboran y/o difunden guías prácticas sobre cómo gestionar este momento tan particular6. En el fondo, las políticas culturales son una responsabilidad de todos, no sólo de los políticos que temporalmente las dirigen. Cuando más participativas, transparentes y valientes sean, mucho mejor para proyectar la vida cultural y sus agentes hacia un futuro difícil, complejo, pero también lleno de oportunidades.

Una mirada hacia el futuro
Para concluir, ¿cabe esperar transformaciones relevantes a medio plazo en las políticas de apoyo público a la cultura? ¿Se dará un cambio de prioridades o incluso de paradigmas de política cultural? O, como en la crisis financiera anterior, ¿se priorizará lo más institucional o más mayoritario, con independencia de su aportación en términos de creatividad o sinergias multiplicadoras? ¡Sería una lástima!

Habría que aprovechar esta crisis para replantearse los objetivos y los indicadores de evaluación de las políticas públicas de cultura. Ante una caída drástica de la demanda, que no sólo tardará en recuperarse, sino que probablemente lo hará con una estructura de gasto cultural familiar diferente, hay que plantearse una pregunta entrelazada: ¿qué tipo de ayuda es más eficaz para lograr qué objetivos específicos? Y ello, en un contexto general de retroceso de los derechos personales que hace que sea aún más crucial relegitimar una acción cultural pública centrada en defender los derechos culturales (pues en muchos países crece la deriva autoritaria y aumenta el apoyo popular hacia partidos populistas, con una agenda contraria a las bases de la democracia liberal)7.

Si la crisis ha demostrado que las expresiones culturales son vitales para acompañar y generar sentimiento comunitario en momentos de angustia, de introspección y de distanciamiento social, tal vez haya que reforzar esta visión. Profesionales, amateurs y audiencias deben poder compartir desde su experiencia y sensibilidad particular, expresiones y vivencias culturales enriquecedoras para todos. Esto pasa por repensar los parámetros habituales de evaluar las políticas culturales. Quizá no hay que maximizar audiencias o buscar sólo la excelencia artística, sino dejar que profesionales comprometidos con esta dimensión social desarrollen con el máximo de interacción ciudadana sus proyectos. Existen experiencia de evaluación más holísticas (como las auditorías estratégicas del CoNCA) pero hay que mejorarlas y generalizarlas, aprender de la experiencia internacional,8 y contar con un observatorio cultural realmente independiente. El sector cultural debe abandonar la mirada endogámica y la actitud de agravio permanente para sentarse con los responsables públicos, y escuchar conjuntamente lo que una sociedad plural reclama. En resumen, para construir conjuntamente una política cultural menos centrada en garantizar los propios intereses o sueños, y más focalizada en emancipar al ciudadano y apoderar el creador.


PD. Agradezco la lectura crítica de Àngel Mestres.
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1 El gasto en personal y en compras de bienes y servicios del conjunto de administraciones públicas españolas representó el año 2017 el 66% del presupuesto total; en un contexto donde muchas transferencias a terceros (el 23% del total) o a inversión terminan en organismos autónomos de titularidad pública, con lo que se dedican muy pocos recursos a incentivar las iniciativas del sector empresarial y de la sociedad civil.
2 Por ejemplo, las ayudas únicas de 300€ del Ayuntamiento de Barcelona a los autónomos que han tenido de cerrar su negocio o que sufren una caída del 75% de sus ingresos. Teniendo en cuenta que también la administración central y el gobierno catalán (al igual que otros gobiernos autonómicos) han aprobado medidas similares, pero con requisitos y canales de solicitud distintos, el esfuerzo de gestión por parte de las propias administraciones y de los beneficiarios es desproporcionada en relación a las partidas de gasto previstas.
4 Las industrias del libro y del audiovisual son las principales receptoras de las transferencias al sector privado de la administración central española, sectores que cuentan asimismo con substanciosos beneficios fiscales.
5 Más allá de las propuestas de los programas universitarios en gestión cultural (como el de la Universidad de Barcelona), han nacido muchas propuestas formativas. Solo centrado en Cataluña, recomiendo a modo de ejemplo, Escena PRO, una comunidad digital de aprendizaje impulsado desde Plataforma/C, las charlas abiertas en Internet del sector de la música Monkey Week SON o las jornadas EXIT de la Nau Ivanow.
6 Con ejemplos que abarcan todos los campos culturales, desde los webinars organizados por la OCDE a la guía traducida por Ibermuseos sobre como gestionar museos y colecciones del Australian Institute for the Conservation of Cultural Material (AICCM) y Blue Shield Australia, el documento para las artes escénicas publicado por IETM, o el bien documentado informe de On the move y CircoStrada.
7 Con unas políticas culturales tendenciosas pero en general bien dotadas (los dos países de la UE que más han incrementado su presupuesto cultural son justamente Hungría y Polonia).

8 Por ejemplo, la evaluación cualitativa puesta en marcha por el Arts Council de Inglaterra, más allá de la controversia que su obligatoriedad provoca, o la experiencia francesa de bibliotecas públicas.

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