Implicaciones socioeconómicas de la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco

Para introducir el Año Europeo del Patrimonio Cultural, Cartaditalia, Rivista di cultura italiana, acaba de publicar en italiano, alemán, francés e inglés un número extraordinario con aportes de expertos sobre los temas críticos que afectan el patrimonio cultural del continente. El artículo que me pidieron se centra en analizar críticamente las implicaciones socioeconómicas de la Lista de Patrimonio cultural de la Unesco.* La Convención del Patrimonio Mundial, cultural y natural de 1972 pone en marcha un proceso de selección de aquellos monumentos o espacios patrimoniales con un excepcional valor universal desde el punto de vista histórico, científico, artístico, estético, etnológico o antropológico.

Desde los inicios, está claro que la evolución de la vida social y económica, y no el natural paso del tiempo, es la principal causa de deterioro del patrimonio heredado. Pero ello parece no preocupar a buena parte de los actores locales y nacionales que proponen la inclusión de un sitio en la Lista. ¿Cómo gestionar el conflicto de miradas e intereses? ¿Cómo transformar un sitio protegido por la Convención en un impulsor de desarrollo humano de las comunidades circundantes sin que la propia dinámica económica, turística y social ponga en peligro su salvaguarda y conservación? Este es, sin duda, uno de los principales retos de los modelos de gestión sostenible de un patrimonio de valor excepcional.

Con el objetivo de controlar el proceso de propuesta, selección y protección del patrimonio incluido en la Lista se crea en 1992 el Centro de Patrimonio Mundial. El Comité de Patrimonio Mundial es el organismo con potestad para seleccionar, incluir o excluir los sitios en la Lista. La elección de los miembros responde a una lógica de equilibrio y distribución geográfica, pero termina siendo el resultado del intercambio de favores entre países para ocupar cargos de responsabilidad en los diversos organismos internacionales. En los últimos años el Comité ha recibido bastantes críticas dado el sesgo favorable a candidaturas provenientes de los países presentes en el Comité (Meskell, 2015). Asimismo, crece la exigencia de una mayor participación de la comunidad local en el proceso de nominación y la gestión de los sitios, con el objetivo de hacer permeable hacia la sociedad y sustentable a largo plazo los modelos de gestión. De todas formas esta medida no está exenta de riesgos, pues la inscripción de un sitio en la Lista es percibida por muchos actores locales como un inductor de prestigio y desarrollo socioeconómico. Esto explica el creciente número de solicitudes y la presión sobre los miembros del Comité.

Dada la heterogeneidad de casos, y las polémicas e intereses que conlleva su inclusión, es importante plantearse el conjunto de implicaciones políticas y socio-económicas que intervienen en cada caso.

Un primer aspecto a tener en cuenta cuando se analiza el impacto socioeconómico de los bienes declarados patrimonio mundial es su gran heterogeneidad. El impacto a nivel socioeconómico de un centro histórico bien definido y reputado contrasta con aquellos sitios de difícil acceso o con escaso reconocimiento más allá de los especialistas. Los problemas de protección o el impacto de actuaciones vandálicas son muy superiores en patrimonios aislados, vulnerables o frágiles, o en aquellos situados en zona de alta conflictividad social, que en los que disponen de recursos y ejecutan un plan de gestión bien diseñado.

En los últimos años se ha puesto énfasis en la consecución de dinámicas de desarrollo sustentables. Existe, evidentemente, un cierto abuso retórico del término ’sostenibilidad` ligado a la corrección política tanto por parte de los responsables gubernamentales como del propio sector profesional del patrimonio. La experiencia acumulada muestra los riesgos asociados a la dinámica económica y turística, tanto en lo que se refiere a la conservación como a las implicaciones socioeconómicas hacia las comunidades locales circundantes. Esta situación ambivalente genera entre los profesionales del patrimonio una posición ambigua, alimentada por la tradicional reluctancia a compartir poder de decisión con actores sin el suficiente nivel de instrucción y sensibilidad. Se busca, pero al mismo tiempo se teme, una “excesiva” apropiación o “instrumentalización” de dicho patrimonio de “excepcional valor universal” por parte de los diversos grupos de residentes locales y sus intereses materiales y simbólicos asociados.

Se contraponen, así, argumentos positivos asociados a la apropiación social y a sus implicaciones socioeconómicas, pero emergen también desafíos negativos fruto de una deficiente relación con la comunidad. Entre los positivos destaca el aporte de recursos y empleo a la comunidad local transformando su realidad socioeconómica y, en consecuencia, mejora la percepción simbólica de sus miembros con el sitio patrimonial. Asimismo, las instituciones patrimoniales ven aumentar los fondos públicos y privados disponibles –y las oportunidades de trabajo – gracias a una mayor legitimidad social de la protección y puesta en valor de los bienes patrimoniales. Por lo que respecta a los desafíos negativos, sobresale la falta de diálogo y comprensión mutua entre el punto de vista de los expertos y la regulación patrimonial y los intereses de la comunidad. Ésta ve a menudo limitados sus derechos de propiedad o el uso tradicional del entorno patrimonial, y al mismo tiempo observa impotente la apropiación por terceros de la capacidad de decisión y de buena parte de los beneficios inducidos por la explotación comercial del patrimonio. En este contexto de escaso diálogo o de marginación de la comunidad local aparecen fenómenos de adulteración o instrumentalización del patrimonio y su entorno, y una cierta permisividad hacia comportamientos destructivos, incívicos o vandálicos.

En la medida que, de forma creciente, la Convención es considerada no solo un instrumento clave para la preservación y puesta en valor del patrimonio, sino como un inductor directo de desarrollo, emergen conflictos de interés de carácter económico, político, social y simbólico entre los diversos stakeholders presentes (profesionales e instituciones del patrimonio, industria turística, proveedores de servicios, residentes locales, etc.). La cuestión reside en deslindar los beneficios y costes de los distintos modelos de gestión posibles y su adaptación a cada caso particular, sus efectos multiplicadores, y la distribución de dichos beneficios y costes entre los distintos stakeholders o receptores pasivos (por ejemplo, residentes no organizados o turistas). Por esta razón, comprometer en la defensa del patrimonio y en una distribución justa de costes y beneficios a grupos de interés con valores e intereses contrapuestos es particularmente importante, y al mismo tiempo complejo. En función del modelo de participación propuesto y de la acción o inacción –más o menos sesgada – de las autoridades y de los responsables de gestionar el bien patrimonial se puede generar distintos niveles de satisfacción o de frustración social. Para conseguir un verdadero desarrollo sostenible es necesario superar la inercia burocrática, la falta de datos y métricas, o las fuerzas económicas externas que generan fallos de gestión y el no empoderamiento de la comunidad.

En los sitios y ciudades de mayor renombre, el stress provocado por el turismo de masas hacia el patrimonio, así como sobre la población local, se acentúa. Europa concentra buena parte de estos casos dado la preeminencia del viejo continente como principal destino turístico mundial, tanto en lo que afecta a monumentos y paisajes, pero muy en particular en los centros históricos las ciudades más emblemáticas y alrededor de los espacios patrimonio mundial. En estos contextos, es crucial disponer de un buen modelo de gestión y, aun y su dificultad, de indicadores para medir los umbrales de sostenibilidad y las externalidades negativas de dicho fenómeno. Pero al mismo tiempo es importante entender la actividad económica generada y sus efectos multiplicadores más allá de la industria turística (hospedaje, restauración, transporte, animación turística) y de sus servicios asociados (financieros, seguros, comercio, etc.). En el ámbito estrictamente cultural, el turismo patrimonial tiene efectos positivos sobre los profesionales dedicados a la conservación patrimonial o la mediación cultural, así como entre los artesanos y otros oficios artísticos.

Uno de los primeros indicadores utilizados, inicialmente solo en el ámbito del patrimonio natural, consistió en medir la capacidad de carga física del espacio por una sobrecarga de visitantes. Una mirada más hedónica ha permitido evolucionar hacia el concepto de capacidad de acogida. Ésta tiene en cuenta tanto los aspectos relativos al recurso patrimonial físico –deterioro, costes de restauración y mantenimiento –, como la calidad de la propia visita –goce, aprendizaje, satisfacción–, teniendo en cuenta una diversidad de usos y actividades alternativas. Pero para conseguir un verdadero desarrollo sostenible, se debería añadir a los indicadores de preservación del recurso y de satisfacción de los visitantes, indicadores que midieran los efectos a medio plazo de las transformaciones socioeconómicas y culturales sobre la población local. La dificultad de tal empresa, adaptada a cada caso y contexto, explica el escaso desarrollo de este tipo de estudios, aun y su importancia cara a las alternativas de gestión de los sitios y a la negociación entre los actores involucrados.

Idealmente, cada grupo de interés podría evaluar el sumatorio de efectos positivos y negativos sucedidos en un periodo determinado, y negociar con los demás agentes medidas compensatorias. De todas formas, es complejo comparar resultados tangibles –como por ejemplo el coste de mantenimiento, el número de visitantes, los puestos de trabajo generados, o el incremento del coste de vida para el residente local – con percepciones individuales o colectivas tales como el prestigio, el aprendizaje o el placer.  Dificultad que aumenta en función de la información disponible, distribuida asimétricamente, las mediciones interesadas de algunos agentes, u otros factores internos y externos que inciden en el impacto. Evidentemente, la realización exclusiva de estudios de impacto económico explicita una dimensión al tiempo que omite las demás, reforzando los intereses particulares de determinados agentes.

El compromiso internacional y la mayor visibilidad comporta, en muchos países, una redistribución asimétrica de la inversión pública y privada en el conjunto de la oferta patrimonial, y muy en particular de la disponibilidad continuada de recursos económicos, técnicos y humanos. A un nivel más micro, a menudo implica una modificación de la normativa urbanística y una transformación de la tipología de actividades económicas presentes, con un incremento claro del sector turístico, así como de los servicios asociados al patrimonio. Este conjunto de cambios tiene efectos en los usos sociales del territorio y en la estructura social, aspectos que terminan por transformar los valores y comportamientos sociales y culturales. No es fácil medir dichos cambios y, en particular, la percepción subjetiva de los mismos por parte de las comunidades afectadas, pues está en función de la experiencia previa, la velocidad del cambio y la capacidad para internalizarlo. En muchos casos, la percepción invasiva del turismo se reduce cuando el flujo crece lentamente, aunque en valores absolutos sea muy alto.

La imposición de unos intereses sobre los demás, o la existencia o no de negociaciones entre agentes con fuerza asimétrica está en base de las tensiones existentes en el proceso de nominación y en los posteriores modelos de gestión. Tradicionalmente, los objetivos intrínsecos (protección y puesta en valor del patrimonio) han dominado, aunque sea retóricamente, sobre objetivos extrínsecos tales como el desarrollo socioeconómico. Sin embargo, éste acostumbra a ser la finalidad implícita de la mayoría de propuestas de inclusión. En un mundo donde el patrimonio flota entre ser moneda de cambio de la identidad o convertirse en palanca de valor y desarrollo, entre la apropiación de una esencia y el enriquecimiento a través de la experiencia (Greffe, 2014), la dimensión e impacto socioeconómico del mismo adquiere un papel cada vez más determinante.

* El presente texto es una síntesis del artículo publicado: BONET, L. (2017), “The socio-economic implications of the UNESCO World Heritage List”, Cartaditalia, Rivista di cultura italiana (Special edition for the European Year of Cultural Heritage). Bruxelles: Instituto Italiano di Cultura di Bruxelles & Bertelsmann, November, v. II, p. 300-321.