Carta abierta sobre el actual conflicto político en Cataluña

Muchos amigos y colegas no catalanes me preguntan últimamente sobre el difícil encaje de Catalunya en España. Para muchos extranjeros con un conocimiento superficial del tema, la transición política de la dictadura a la democracia, la descentralización política y la modernización de la sociedad española les parece un caso bastante ejemplar. Por otro lado, la demanda de independencia por parte de Cataluña genera malestar pues es percibida como poco solidaria con otras regiones españolas más pobres. Asimismo, en un planeta y una Europa cada vez más interdependientes, no entienden la creación de nuevos estados, en particular cuando dicho proceso genera desestabilización en un mundo cada vez más complejo e interconectado. En este contexto, la reivindicación catalana no genera mucha simpatía.

Por lo que se refiere a mis amigos españoles, al principio me preguntaban afectados emocionalmente por la deriva independentista, pues cuesta aceptar que un grupo muy significativo de catalanes hayan dejado de creer en España como el espacio desde donde construir un futuro político compartido. De todas formas, en los últimos cuatro o cinco años dejaron de preguntar, ante un tema que genera incomodidad. Quizás, intuyo yo, porqué son conscientes de hacia dónde nos lleva la negativa a negociar por parte del gobierno y el establishment político español, y porqué están hartos de un tema omnipresente en los medios de comunicación y al que acceden, mayoritariamente, desde un único ángulo (toda la prensa en papel y las televisiones en abierto españolas presentan solo el punto de vista del nacionalismo español, ridiculizando o negando la voz del otro). Desde su punto de vista, en democracia, la ley y el estado de derecho deben respetarse, y la insumisión del parlamento y el gobierno de Cataluña les parecen inaceptables. Solo durante estos últimos días, cuando la represión por parte del gobierno español ha mostrado su cara menos amable, se empieza a notar cierta solidaridad (en la medida que está en juego la calidad democrática en el conjunto de España) y la necesidad de hablar para crear puentes, desde el respeto a la diferencia y a la libertad.

Un poco de historia: génesis del desencuentro entre Cataluña y España

En el tránsito de la edad media a la edad moderna, tres grandes sistemas políticos se distribuyen la península ibérica*. Castilla, política y demográficamente dominante, con un sistema de poder centralizado en una monarquía absoluta. Portugal, con un gran proyecto mercantil y colonial, pero subyugado durante doce lustros bajo la corona hispánica (1580-1640). Y Aragón, una confederación de estados bajo un único monarca (situados en el este peninsular y el sur de Italia), basada en el pacto entre el rey y las cortes de cada reino, quedando la función recaudatoria en el órgano ejecutivo de las cortes (la Generalitat –nombre del actual gobierno de Cataluña – se instaura en 1359). Cataluña, que había liderado la expansión mediterránea, entra en declive durante el siglo XV en la medida que la peste, los conflictos internos y el proyecto mercantil mediterráneo es substituido por el transatlántico. Durante los dos siglos posteriores, ya bajo el dominio de los Augsburgo, cerrada la posibilidad de participar en los proyectos coloniales de las otras dos potencias peninsulares, intenta conservar su autonomía política hasta el enfrentamiento final de 1714. En dicha fecha, abandonada por los aliados austríacos y británicos, los antiguos reinos peninsulares de la corona de Aragón pierden la guerra contra el pretendiente Borbón, y con ello su autonomía política al ser integrados por la fuerza de las armas al Reino de Castilla.

La apertura al mercado colonial y la posterior industrialización permitirán un creciente empuje demográfico y económico, que allanan una identificación creciente de las élites catalanes hacia el proyecto estatal español. Pero las crisis recurrentes que caracterizan el siglo XIX español (invasión Napoleónica, pérdida progresiva de las colonias americanas, tres guerras civiles consecutivas, golpes de estado …) junto a la incapacidad del sistema político español para crear un estado moderno (con un poder caciquil al servicio de la oligarquía agraria y una política colonial fracasada), crea las condiciones para buscar una alternativa distinta. La mirada romántica hacia las glorias medievales y el espejo que representan casos homónimos como el griego, polaco, noruego o irlandés, llevan a la construcción de unos mitos y un relato nacional alternativos a los que ofrece el nacionalismo español. La represión del estado crecerá en la medida qué en lugar de ofrecer una alternativa modernizadora intentará imponer por todos los medios a su alcance el idioma español y su imaginario nacional, percibido como rancio. Ambos nacionalismos se refuerzan mutuamente, con la diferencia que el español cuenta con la fuerza coercitiva del estado, muy en especial durante los largos periodos dictatoriales que caracterizan el siglo XX español.

La transición política posterior a la muerte del dictador es fruto de un pacto asimétrico entre las fuerzas del tardo franquismo y una débil oposición, impulsado desde Europa y Estados Unidos de acuerdo con el establishment económico español, que ansía integrarse al proyecto político-económico europeo. Una de las condiciones necesarias para cerrar la brecha abierta con la guerra civil era dotar de autonomía política a Cataluña y al País Vasco. Pero para que los ganadores de la guerra lo aceptaran era imprescindible garantizar sus prebendas (conversión de todos los miembros del partido, sindicato y organizaciones del régimen en funcionarios del estado), blindar la unidad de España en la Constitución (artículos 2 y 8, que establecen la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y como misión de las fuerza armadas defender su integridad territorial), y mantener un sistema tributario centralizado (con la excepción del cupo vasco y navarro) para controlar indirectamente la inversión pública (y sus beneficiarios). Asimismo, para evitar un sentimiento de discriminación y al mismo tiempo aguar el proceso, el acceso a la autonomía se abre al conjunto de regiones españolas. En todo caso, el estado de las autonomías (no muy lejano al modelo federal) permite un desarrollo social y político sin precedentes, pero no exento por desgracia de algunos de los males que caracterizaban la cultura política española (corrupción, clientelismo …).

¿Por qué si el modelo funcionó durante sus primeras dos décadas, genera un sentimiento de frustración entre los catalanes?

Para entender esta frustración se debe tener en cuenta la poca consideración del estado a la identidad cultural y lingüística, a la particular organización social, y a los intereses económicos específicos de Cataluña.

Para la gran mayoría de españoles existe una jerarquía mental que sitúa el castellano –el único que es obligatorio conocer– por encima de los demás idiomas hispanos. Las cosas importantes se hacen en español pues esta es una lengua universal, con enorme impacto económico e inmolarse culturalmente en un idioma minoritario es de mentes cerradas, poco inteligentes. Los catalano-hablantes no somos tontos y aprovechamos nuestro gran dominio del español, pero pensamos en catalán y nos gustaría que nos respetaran por ello. No deja de ser sintomático, por su valor simbólico, que en el Parlamento español se pueda escuchar un discurso en el idioma de un invitado extranjero, pero esté prohibido que sus diputados o senadores usen otro que el español. O que España se haya opuesto a que el catalán sea usado en alguna sesión específica del Parlamento Europeo. No entienden que el bilingüismo es una fortaleza en un mundo globalizado, y que para defender el idioma más débil debes protegerlo mínimamente. La inmersión lingüística, una de las políticas más criticadas por el nacionalismo español del sistema educativo catalán, da a niños de todos los orígenes la oportunidad de dominar por igual catalán y castellano, un modelo de éxito que hace el país más equitativo.

En relación al desarrollo económico, las prioridades y la inversión del estado han discriminado claramente a Cataluña y al este peninsular, lastrando su capacidad de continuar siendo motor de la economía española. Las decisiones en infraestructuras son concluyentes. España ha construido en los últimos veinticinco años casi 3.000 Km. de tren de alta velocidad, conectando la capital con prácticamente todas las grandes ciudades del estado. Mientras tanto, la línea férrea que conecta la segunda y la tercera ciudad más grandes del país (Barcelona y Valencia) no solo no tiene alta velocidad, sino que es una vía única donde los trenes deben esperar en las estaciones. Y esto pasa en el principal eje de exportación de España hacia el resto de Europa. Otro ejemplo reciente de este verano, es el último acuerdo hispano-ruso, donde las autoridades españolas imponen que todos los vuelos sobre territorio ruso con destino a España deben tener por origen o destino Madrid, cosa que impide el intento de Norwegian de conectar el aeropuerto de Barcelona con el de Tokio.

Asimismo, el diseño del sistema económico y fiscal concentra la recaudación tributaria en la comunidad de Madrid y en menor medida en Cataluña, muy por encima de su peso demográfico, de producción o de consumo. Prácticamente todos los impuestos especiales, que graban el consumo de energía o tabaco, y buena parte del impuesto de sociedades, se concentra en Madrid, sede de las grandes empresas y donde viven la mayoría de los españoles con mayor patrimonio y renta. El sistema radial económico y de comunicaciones está desertizando buena parte del agro y las ciudades medias españolas. La meta de los profesionales más competitivos es terminar profesando en la capital, o si se es catalán, en Barcelona o en algún país extranjero donde se den las mejores condiciones y remuneraciones.

Por otro lado, desde un punto de vista socio-político, la realidad catalana es substancialmente distinta a la española. El sistema de partidos y su representatividad electoral en el parlamento y los municipios catalanes, con pactos y coaliciones de gobierno, difiere claramente del sistema casi bipartidista del estado, donde nunca ha existido un gobierno de coalición multipartido. El diálogo y negociación permanente entre los gobiernos catalanes y una sociedad civil muy crítica y participativa, fruto de un tejido asociativo dinámico y de una sociedad con consciencia identitaria dentro de su gran heterogeneidad, contrasta con unas relaciones mucho menos porosas a escala española, donde la relación entre el poder y la ciudadanía es más distante y clientelar.

Ahora bien, no nos engañemos, de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña, solo el 35% de la población tiene por lengua materna el catalán, aproximadamente la mitad han nacido o descienden de otras regiones de España y la población de origen extranjero alcanza el millón y medio de habitantes. En esta realidad tan heterogénea, casi el 80% de los ciudadanos quieren resolver el actual conflicto votando, dando la voz a los ciudadanos de Cataluña. A la gran mayoría les gustaría que fuera a través de un referéndum pactado con el gobierno central, pero ante la negación sistemática del mismo, la mitad de los votantes quieren hacerlo, en cualquier caso. A estas alturas, no creo que sea posible con unas garantías democráticas mínimas el próximo 1 de octubre, pues la represión del estado no lo permitirá. ¿Pero qué otra alternativa le queda a la sociedad catalana? Ante una relación de fuerzas totalmente asimétrica, un David contra Goliat, la insumisión es para muchos la única alternativa. Algunos dicen que estamos ante dos nacionalismos enfrentados, ambos igual de malos, pero a mí me parece que uno tiene la fuerza coercitiva y la mayoría para imponer en el Parlamento o en un referéndum a escala española su posición sin respeto a la de una minoría demográfica. Es posible que, para justificar su acción, el presidente del gobierno español adelante las elecciones para obtener una mayoría absoluta que lo legitime, gracias al votante nacionalista español que se siente agredido ante el desafío independentista. A mí me preocupa no solo el futuro de Cataluña sino también la calidad democrática del conjunto de España.

¿Por qué se ha llegado a una situación límite, con represión directa por parte del estado y uso del derecho penal para resolver un conflicto político?

Este es un conflicto de legitimidades. Para los defensores del estado de derecho español, la convocatoria por el Parlamento de Catalunya de un referéndum prohibido explícitamente por el Tribunal constitucional es ilegal. Para los defensores de la consulta, ante la reiterada negativa del parlamento y el gobierno español a que se pueda consultar al pueblo de Cataluña o negociar alguna alternativa política, la única solución para forzar la situación consiste en llamar al pueblo de Cataluña a votar. Y esto, a sabiendas del enorme riesgo personal para sus promotores (tal como ya está pasando, con la detención de altos cargos del gobierno catalán, la citación judicial de 750 alcaldes, o la inculpación de la mesa del parlamento catalán).

Los grandes avances sociales en la historia de la humanidad, en particular aquellos que más se oponía al statu quo imperante, se han conseguido gracias al tesón e incumplimiento de la legalidad vigente por parte de sus promotores. Las luchadoras por el derecho de voto de la mujer, en contra del apartheid, de la igualdad racial en EEUU, en favor de la caída del muro de Berlín o la independencia de la India sufrieron penas de cárcel por infringir el estado de derecho reinante, el de unos poderosos que no querían escuchar ni respetar los derechos legítimos de los débiles. Cuando un amplio abanico social no considera legítima una ley y se la salta, es el momento de preguntarse qué pasa y hacer política. Es evidente que existe un conflicto de legitimidades, sobre qué comunidad política es soberana para decidir su futuro. Para buena parte de los españoles, la soberanía está en la nación española; para una mayoría de catalanes, Cataluña es una nación cultural y política, con derecho a decidir su futuro sin el consentimiento del resto de españoles.

Para mí, las naciones se expresan en su voluntad de ser. Los estados modernos construyeron naciones para legitimarse social y políticamente. La gran mayoría de países que conforman Europa son consecuencia de distintos procesos de secesión de antiguos imperios. Siete de los actuales estados miembros de la UE no existían en 1990 y lograron la independencia después de referéndums considerados ilegales por sus países de origen. España no ha sido capaz de construir plenamente un estado-nación, ni otra alternativa basada en el pleno respeto a su diversidad política, cultural y lingüística. La idea de nación de naciones genera incomodidad en todos aquellos que tienen idealizada una nación homogénea, basada en unos mitos fundacionales, unas tradiciones, un idioma y un destino común, indisoluble. Para ellos, un modelo a la Suiza, donde los suizos alemanes no se les pasa por la cabeza imponer su idioma, modelo educativo u organización político-social a los suizos franceses o italianos, es inconcebible. Si para mantener la matriz castellano-española al conjunto de pueblos que viven en las actuales fronteras del estado español es necesario imponerlo a través de la represión, legitimado en una mayoría parlamentaria que no respeta a las minorías, lo harán.

En estos momentos estamos en una clara situación perdedor-perdedor. España es percibida como un estado incapaz de resolver sus problemas políticos internos, ocupada en reprimir en lugar de seducir a millones de sus ciudadanos con una propuesta atractiva de proyecto de convivencia y progreso en común. El modelo autonómico actual, con autonomía en la gestión de bastantes servicios públicos, pero férreo control central de los ingresos, conlleva en la práctica muy escasa autonomía política (excepto para el País Vasco y Navarra que tienen haciendas propias). Por otro lado, el sentimiento anticatalán de una parte de la población española, que llega a veces a desafortunados calificativos despectivos como “perro catalán” o “polaco de mierda”, o a campañas de boicot comercial a productos catalanes (tengo en casa una octavilla llamando al boicot que me dieron en el metro de Madrid), no ayudan a crear cohesión. En la campaña del PP contra el Estatuto de Cataluña de 2006 (la ley que rige la autonomía catalana) se consiguieron 4 millones de firmas, prácticamente todas en el resto de España, simplemente porqué en el preámbulo se afirmaba que Cataluña era una nación. Estatuto que había sido aprobado por el parlamento español y refrendado posteriormente en referéndum en Cataluña. Fruto de aquella campaña, el Tribunal constitucional español (un tribunal sesgado políticamente, con un presidente antiguo militante del PP) modificó la ley rompiendo el consenso de la transición, que preveía una soberanía compartida (por esto la doble aprobación del parlamento español y el pueblo de Cataluña).

La situación actual es extremadamente tensa. A diferencia de Canadá o el Reino Unido con Quebec y Escocia, el gobierno español y los principales partidos estatales no aceptan resolver este tema pactando un referéndum con todas las garantías democráticas. Aunque probablemente ganaría el no a la independencia, no quieren reconocer la soberanía política a Cataluña. ¿Es posible someter por la fuerza hoy en Europa a un pueblo convencido de su derecho a decidir su futuro político? ¿Cómo se va a resolver un conflicto político cuando se ha obligado a policía, fiscales y jueces a tomar cartas en el asunto por la vía penal? El respeto a los derechos humanos y políticos está en juego en el conjunto de España, pues desgraciadamente en este caso se aplica la vieja sentencia de la restauración borbónica «Para los enemigos la ley, para los amigos el favor». Ante esta doble barra de medir, ante el desprestigio de la justicia y la política, el futuro de Cataluña y de España están en peligro. Ojalá no entremos en una deriva al estilo de Erdogan. A los viejos imperios les cuesta construir puentes provechosos para ambas partes con los pueblos que sometieron. Esperemos que la negociación política reemplace a la represión teniendo en cuenta la convivencia y la libertad de los pueblos.

*Además de Navarra que aunque persista formalmente hasta 1841, pierde su independencia en 1515.