Política, gestión y derechos de autor

Muchos gestores culturales tienen una ambigua relación con el mundo de las sociedades de gestión colectiva y las formas de remuneración de los derechos de autor. Por un lado, comparten la idea de que es justo retribuir dignamente a los creadores, autores e intérpretes. Por otro lado, la relación con los entes de gestión, y muy en particular con la SGAE, se ha vivido tradicionalmente de forma negativa, con frases como: ya llega el recaudador a llevarse el 10% con lo mucho que nos cuesta hacer viable el proyecto y poder dar a conocer una obra ante la ciudadanía. 

La situación de crisis que vive la SGAE exige una reflexión crítica y ponderada sobre el modelo de gestión colectiva y de remuneración de autores y editores, así como sobre la actuación del gobierno durante estos últimos años. En todo proceso judicial hay que dejar trabajar a la investigación y mantener la presunción de inocencia de los encausados. Pero, ¿Estamos sólo ante un presunto desvío de fondos realizados por ciertos dirigentes de la SGAE, lo que afecta en particular al patrimonio de los socios y a la imagen de la entidad? ¿O el hecho de que la actuación ordenada por la Audiencia Nacional sea fruto de las denuncias interpuestas inicialmente por diversas asociaciones de internautas invierte la relación de fuerzas entre defensores y contrarios del modelo de remuneración propuesto por el gobierno y la industria cultural?

El gobierno, más allá de las lamentables excusas esgrimidas por la ministra de cultura en el Congreso el pasado día 13 de julio, tiene una alta responsabilidad en todo este asunto. En particular dado el compromiso firme de apoyo a las estrategias de las entidades de gestión de defensa y ampliación de los supuestos de recaudación, con casos tan flagrantes como el canon digital, tasa sentenciada recientemente como contraria al derecho comunitario.

El hecho de que la denuncia a los directivos de la SGAE no provenga de los entes públicos encargados de la tutela sino de entidades externas pone en evidencia las deficiencias del actual modelo administrativo español.  Éste ha demostrado reiteradamente su incapacidad para controlar los despilfarros (recuérdese el caso Millet) pagando justos por pecadores con una burocracia creciente que conlleva un gran diferencial de ineficiencia respecto a otros países desarrollados. Si a este hecho se le suma la total coincidencia de discurso entre el Ministerio y las entidades de gestión es lógico que la opinión pública tenga la sensación de connivencia institucional. El actual gobierno ha apostado claramente por la tesis defendidas por buena parte de la industria y las sociedades de gestión y en contra de los internautas y la opinión pública mayoritaria. Cabe decir que éste es el camino seguido por casi todos los gobiernos de los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos y Francia, dado el papel clave de la propiedad intelectual en el actual modelo económico post industrial y la enorme capacidad de persuasión del lobby de la industria cultural convencional.

Nadie con dos dedos de cordura debería cuestionar la necesidad de encontrar modelos de negocio y de remuneración más justos para los creadores y para las empresas culturales que arriesgan con ellos, pues el viejo modelo ha quedado totalmente desfasado con la revolución digital. Hay que tener en cuenta que la mayoría de creadores no pueden vivir de su obra ya que sus libros, discos, producciones escénicas o películas no logran ser rentables. Este es un sector con un elevadísimo riesgo profesional y empresarial para artistas y emprendedores. No es justo que cuando ocasionalmente se alcanza el éxito, sus autores y editores no reciban una compensación económica equitativa al valor económico generado. En especial cuando otros se benefician de forma directa o indirecta del mismo. ¿Cómo se financian las webs de descarga de series, películas y música sino a través de la publicidad asociada a los grandes éxitos? ¿Porqué las telefónicas han desarrollado y facturan enormes cantidades con la banda ancha? ¿Porque la gente compra en el top manta sin pensar en la doble explotación a creadores y a inmigrantes irregulares generada por la piratería?

Ningún país ha conseguido encontrar de momento un modelo legislativo adecuado al reto de una remuneración justa, que garantice el máximo acceso de la población a la cultura, y que al mismo tiempo sea fácil de implementar. La eclosión de algunos modelos de negocio adaptados a la realidad digital y al comportamiento social de las nuevas generaciones (como por ejemplo la combinación de free con premium) permite entrever alguna salida. De todas formas existe un gran conflicto de intereses entre los distintos agentes involucrados en la cuestión. El legislador debe encontrar un compromiso entre ellos y colectivamente debemos exigir transparencia y acabar con la hipocresía de aquellos agentes beneficiados por un modelo perverso. Por un lado la SGAE ha actuado de forma prepotente y poco transparente, lo que le ha llevado (más allá de la actual causa judicial) a ser la entidad más impopular del país. Su voracidad consiguiendo cambios legislativos draconianos, así como el modelo interno de gestión y la remuneración de sus ejecutivos han indignado aun más a la opinión pública. Pero tampoco los beneficiarios del proceso de digitalización de contenidos (operadores de telefonía o internet, internautas y compradores del top manta) hacen el mínimo esfuerzo para acordar un sistema justo de remuneración a la creación y a la producción cultural.

La responsabilidad principal recae en el gobierno y en el parlamento, pero toda la sociedad es corresponsable de un estado de cosas que debilita nuestra industria cultural y su competitividad interna y externa. Hay que buscar un modelo más eficiente que permita a sus protagonistas y al conjunto de la sociedad beneficiarse de unas tecnologías digitales responsables del fantástico proceso de democratización del acceso a la cultura. Es importante avanzar hacia un modelo justo y más transparente de remuneración de los autores y de salvaguardia de los derechos morales parejos, compatible con un acceso lo más económico y universal posible de todos a las obras de la creatividad humana.