Transparencia e incentivos en lugar de procedimiento administrativo*


En medio de la profunda crisis económica en la que vivimos, se habla mucho de recortar gastos o de reducir el número de empleados públicos (en particular, en base a despedir aquellos con una situación más precaria y no reemplazar jubilaciones y bajas) pero muy poco de transformar la administración pública española en un conjunto de organismos eficientes. Está en peligro el estado del bienestar, aquel sistema reequilibrador de desigualdades que ha definido la Europa de los últimos sesenta años, pues los recortes lineales no incorporan medidas para refundar una administración fuerte y a la vez flexible que sustente el sistema democrático. Si no se plantea muy bien, el peligro es que la reforma administrativa la terminen haciendo los funcionarios europeos o del FMI, junto a unos políticos y altos cargos de la administración central más preocupados en imponer su forma de entender España, cargarse el estado autonómico y mantener sus prerrogativas. Un modelo basado en el principio de subsidiaridad y una democracia participativa es mucho más eficiente que otro fundamentado en una homogeneización decidida por tecnócratas y políticos desarraigados del territorio.

La administración pública heredada del franquismo y alimentada  sin freno por una partidocracia irresponsable –conjurada con el poder económico– ha dado como resultado una administración lenta, burocrática, pesada e ineficiente. Uno de los problemas del modelo disponible es el incrementalismo en los procedimientos con el objetivo iluso de evitar la corrupción. El drama es que el coste económico y la pérdida de energías colectivas no compensan las escasas corruptelas que el procedimiento evita, ya que los profesionales de la corrupción y la trampa escapan fácilmente a las barreras administrativas.

En lugar de procedimientos cada vez más exigentes, costosos y complejos, convendría imponer mecanismos de incentivo y transparencia que mejoraran la eficiencia y con ella el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y con ello el interés general. No existe ningún procedimiento o reglamento que evite la capacidad humana para robar y trapichear. En mi opinión, es preferible aprovechar la propia naturaleza humana (el miedo al palo y al escarnio público, el reconocimiento colectivo y la búsqueda del lucro) al servicio de una administración más eficiente. Internet es una herramienta muy útil para romper asimetrías informativas y evitar el fraude. Publicar en la web toda la información relacionada con contratos o convocatorias ayuda a evitar favoritismos (los recursos presupuestados, los criterios de selección, los nombres de los candidatos presentados y el de los ganadores, así como la justificación de las razones que explican la concesión o no del apoyo público). Por otra parte, programar sesiones públicas (presenciales y por internet) de formación y asesoramiento ayuda a aumentar el número de proveedores competitivos y de calidad.

Finalmente, potenciar los mecanismos que incentiven al personal en lugar de llenos de requisitos que entorpecen la gestión es mucho más económico para la administración y educativo para la comunidad (ayudas de libre disposición con evaluación pública de los resultados en lugar del seguimiento administrativo riguroso de todas las facturas y procesos). ¿Cuántas horas de trabajo tedioso se podrían ahorrar si no fuera necesario comprobar todas las facturas o recopilar, por ejemplo, las tarjetas de embarque posteriores a los viajes, en lugar de entregar una cantidad preestablecida y solo comprobar la calidad del trabajo realizado? Todo este ahorro de tiempo se podría dedicar al evaluar realmente los resultados obtenidos, a inspeccionar a fondos los potenciales infractores y en mejorar las estrategias para una más eficiente acción pública.

Todo este ahorro se podría dedicar, tal como comentaba el historiador Jordi Nadal, en la conferencia de conmemoración de los 450 años del Gremio de Fabricantes de Sabadell, en liberar  “capacidad de iniciativa y materia gris para otras actividades más estimulantes y rentables, en beneficio tanto de la economía productiva como de la improductiva”.


*Adaptación para el público no catalán de un post centrado en los retos de la administración catalana titulado “Transparència i incentius enlloc de procediments administratius”.

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